El Tribunal Fiscal del Perú resolvió un caso de fiscalización tributaria relacionado con el Impuesto General a las Ventas (IGV) y multas impuestas por la administración tributaria (SUNAT). El contribuyente alegó nulidad del procedimiento por el cierre tardío de requerimientos y vulneración de su derecho de defensa. El Tribunal determinó que el cierre puede realizarse después del plazo si aún se está evaluando la documentación presentada, por lo que rechazó la nulidad y confirmó la legalidad de las sanciones y reparos aplicados

Este precedente jurisprudencial de la Corte Suprema del Perú, recaído en un proceso por conducción en estado de ebriedad, resolvió quién puede representar a la parte agraviada (la Sociedad) en delitos de peligro común. La Corte estableció que no existe exclusividad del Ministerio Público, sino que tanto la Fiscalía como las procuradurías estatales sectoriales, como la del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pueden intervenir indistintamente como representantes de los intereses sociales. El fallo fija doctrina jurisprudencial al reconocer una representación compartida y complementaria, fortaleciendo la defensa de bienes jurídicos colectivos como la seguridad pública, y marca un criterio vinculante para futuros procesos penales similares.

Este recurso de agravio constitucional interpuesto por la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Ica S.A. (CMAC Ica) es un caso emblemático en la jurisprudencia peruana, ya que aborda los límites del amparo contra resoluciones judiciales y el derecho a la debida motivación.

Para efectos de la imposición de la pena concreta total, cuando se trate de un concurso real de delitos, deben adicionarse todas las penas concretas parciales correspondientes a cada delito cometido, tal y como lo dispone el artículo cincuenta, del Código Penal.